Fallo a favor de la autodefensa en California: las personas podrán poseer armas de 10 o más balas

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Una cámara Viridian FACT Duty montada en un arma se ve en el arma de servicio de un oficial del Departamento de Policía de King City en el campo de tiro en King City, California, EE.UU., 16 de julio de 2020. Fotografía tomada el 16 de julio de 2020. REUTERS / Nathan Frandino.

Redacción BLes- Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que la prohibición de California de que la población pueda poseer cargadores de armas con más de 10 balas viola la Segunda Enmienda. El fallo fue celebrado por los defensores de la libre portación de armas para la autodefensa personal y de su familia.

Como es sabido, la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense establece el derecho de la población a armarse para defenderse. Pero en California, desde hace 20 años comenzaron a aplicarse una serie de prohibiciones y restricciones.

En el año 2000, se hizo ilegal fabricar, importar o vender cargadores de “gran capacidad”. La Legislatura estatal fue un paso más allá en 2016 e hizo ilegal la posesión de cargadores de más de 10 rondas.

Ese mismo año, a través de la denominada Proposición 63, se determinó que violar la prohibición -es decir, poseer este tipo de cargadores- sería penalizado con la cárcel.

Estas prohibiciones fueron criticadas y apeladas con éxito en la justicia. De hecho, la decisión del 14 de agosto de 2020 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma el fallo del 2019 del Juez de Distrito de San Diego Roger Benítez, quien bloqueó la Proposición 63.

La ampliación de la ley original de 2000 hizo ilegal alrededor de la mitad de las armas disponibles en todo California, aunque tales cargadores no son inusuales a nivel nacional, explicó el juez Kenneth Lee en el reciente dictamen.

Lee se unió a la jueza Connie Callahan para determinar que la prohibición viola el derecho de los californianos a la autodefensa.

La decisión, que contó con la disidencia de la jueza Barbara Lynn, afirmó que la prohibición de cargadores, que hacía que tanto las ventas de cargadores como la posesión de los ya comprados legalmente fueran castigados con hasta un año de cárcel, era incompatible con el precedente de la Corte Suprema sobre las garantías de los derechos de armas que establece la Constitución de los Estados Unidos.

“La prohibición casi categórica de California [de los mencionados cargadores] golpea el núcleo de la Segunda Enmienda: el derecho a la autodefensa armada”, escribió Lee.

“La autodefensa armada es un derecho fundamental arraigado en la tradición y el texto de la Segunda Enmienda. De hecho, desde la época precolonial hasta la era postmoderna de hoy, el derecho a defender el hogar y la casa ha sido primordial. La ley de California impone una carga sustancial a este derecho a la defensa propia”, añadió.

En el fallo se criticó la definición de “gran capacidad” que el Estado había establecido para categorizar a este tipo de armas, señalando que los cargadores que se querían prohibir y confiscar son estándar en las armas de fuego más populares.

“Los cargadores gozan de la protección de la Segunda Enmienda por una simple razón: Sin un cargador, muchas armas serían inútiles, incluyendo las armas de autodefensa ‘por excelencia’ como la pistola”, sintetizó.

El texto argumentó que la ley estatal era demasiado amplia y, de aplicarse, convertiría en delincuentes a los residentes respetuosos de la ley que simplemente poseen un cargador de armas de circulación común.

“La prohibición convierte en delito que los californianos posean cargadores que son estándar en las Glocks, las Berettas y otras armas de mano que son básicas para la defensa personal”, explicó el fallo.

“Su alcance es tan amplio que la mitad de los cargadores de América son ilegales en California. Incluso los ciudadanos respetuosos de la ley, independientemente de su formación y trayectoria, deben alterar o entregar al estado cualquier cargador de gran capacidad que puedan haber poseído legalmente durante años, o enfrentarse a un año de cárcel”, indicó.

El fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, había defendido el esquema de confiscación a lo largo del caso y había tomado la decisión de apelar al Noveno Circuito tras la decisión de Benítez.

Según informa el Washington Free Beacon, Becerra ahora tiene la posibilidad de solicitar una audiencia “en banc”, es decir ante un panel de 11 miembros del Noveno Circuito, aunque aún no ha dicho si utilizará esta opción.

Los defensores de la Segunda Enmienda acogieron con satisfacción la decisión de la justicia.

“Es una gran victoria para la Segunda Enmienda, tanto en California como en todo el país”, dijo Chuck Michel, presidente y Consejero General de la Asociación de Rifles y Pistolas de California.

“De manera más general, este caso puede presentar a la Corte Suprema la oportunidad de aclarar las cosas sobre la cuestión subyacente de cuál debería ser el estándar de prueba de revisión al considerar cualquier impugnación de la Segunda Enmienda”, aseguró Michel.

La Asociación Nacional del Rifle, que también apoyó el caso, dijo que el Presidente Donald Trump –a quien la organización respaldó para la reelección– merecía el crédito por la victoria legal ya que el Juez Lee fue nominado por él para el Noveno Circuito.

Miguel Díaz – BLes


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