Reunión multitudinaria en el condado de Rockingham, Virginia, en respuesta a la propuesta de los demócratas de incrementar el control de armas de fuego. (VCDL)
Desde el 6 de noviembre de 2019, los vecinos de más de 100 condados, pueblos y ciudades de Virginia están instando a los líderes de su comunidad a oponerse públicamente a cualquier regulación –federal o estatal– que restrinja o prohíba llevar o tener armas de fuego por considerarla inconstitucional, informó la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia (VCDL, por sus siglas en inglés).
La organización sin fines de lucro, no partidista y de base –según consigna en su web– lidera el movimiento de defensa del “derecho humano fundamental” a las armas de los virginianos garantizado por la “Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I Sección 13 de la Constitución del Estado de Virginia”.
El movimiento del ‘Santuario de la Segunda Enmienda’, que se originó en Illinois, se extendió a Virginia, después de que los demócratas, liderados por el gobernador Ralph Northam, propusieran nuevas leyes de control de armas, tras ganar la mayoría en las dos cámaras en las elecciones del 5 de noviembre.
David Campbell, vicepresidente de la Junta del Condado de Effingham en Illinois, recordó a AP que su condado fue uno de los primeros en la nación en aprobar una resolución de ‘Santuario de la Segunda Enmienda’ en abril de 2018.
‘Santuario’
Campbell explicó que eligió la palabra ‘santuario’ en alusión al término ‘ciudades santuario’ que usan los líderes demócratas para proteger a los inmigrantes ilegales en sus circunscripciones, quienes se niegan a cumplir con las leyes fronterizas e incluso a colaborar con las fuerzas federales aún cuando el sujeto es sospechoso de haber cometido un delito.
“Pensamos, bueno, si pueden hacer eso, ¿por qué no podemos hacer del condado de Effingham un santuario para los propietarios de armas legales y respetuosos de la ley?”, preguntó Campbell precisando que casi tres cuartas partes del estado de Illinois han aprobado la resolución.
“Se ha diseñado para enviar un mensaje a nuestros legisladores y hacerles saber que no vamos a tolerar la aprobación de leyes inconstitucionales como están tratando de hacer”, añadió.
“Los condados dicen que esto es inconstitucional. No lo queremos, no queremos aplicarlo y, en la mayoría de los casos, no lo haremos cumplir”, dijo por su parte el presidente de la VCDL, Philip Van Cleave, detallando que el el 98% de los tiroteos masivos públicos se han producido en las llamadas “zonas libres de armas”.
“Los condados y los grupos de armas están pidiendo a las jurisdicciones y la comunidad que apoyen los derechos de armas y su Segunda Enmienda para asegurarse de que [la legislatura estatal] no van a hacer nada para quitar eso”, señaló a la CNN Jonathan Lynn, administrador y secretario del condado de la Junta del Condado de Surrey.
“El derecho fundamental de los ciudadanos”
“Nosotros, como el condado de Surrey, queremos asegurarnos de apoyar el derecho fundamental de los ciudadanos”, agregó Lynn después de que se aprobara la resolución.
“Es solo la invasión de los derechos personales de alguien”, dijo a WHSV Jim Wood, propietario de una tienda de armas en Staunton, sobre el proyecto de ley SB 16 que ampliaría la definición de arma de asalto y prohibiría que “cualquier persona importe, venda, transfiera, fabrique, compre, posea o transporte un arma de asalto” como delito grave.
Asimismo se definiría como delito menor: “importar, vender, intercambiar o transferir cualquier cargador de arma de fuego diseñado para contener más de 10 rondas de municiones”. Mientras que la SB 18 aumentaría la edad mínima para comprar un arma de fuego a 21 y requiere una verificación de antecedentes para las transferencias de armas de fuego, incluidas las ventas privadas, que actualmente están exentas.
Incluso algunos funcionarios de las fuerzas del orden han rechazado la iniciativa demócrata. El alguacil del condado de Culpeper, Scott Jenkins, prometió nombrar como ayudantes a sus vecinos para que puedan portar y tener armas si se aprueban las nuevas restricciones de armas.
El sheriff de Amelia, Ricky L. Walker, también expresó, según el Washington Post, que si un juez le ordenara confiscar las armas de alguien bajo una ley que considerara inconstitucional, no lo haría. “Mi juramento es defender la Constitución de los Estados Unidos”, determinó.
“Me duelen las mandíbulas al tratar de explicar esto a la gente”, enfatizó Tony Easter, de 60 años, quien creció cazando en Amelia y aboga por el derecho a las armas. “Solo queremos vivir nuestra vida de la manera en que hemos sido criados para vivir”.
“Soy un orgulloso descendiente de un soldado revolucionario que luchó cuatro años y medio para liberar nuestra tierra”, dijo Troy Carter, otro vecino de Amelia.
“Nuestros antepasados sangraron en este mismo terreno en Virginia por esta misma razón. La segunda enmienda es nuestra. Nuestros antepasados lucharon por ello. Le envío este mensaje a Ralph Northam porque Virginia está aquí y estamos despiertos”, afirmó Carter.
Redacción BLes
