3 estados demandan a la Administración Biden por memorando que limita arrestos de inmigrantes ilegales

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El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, testifica ante el Comité de Justicia del Senado en Washington el 16 de noviembre de 2021. (Jim Watson/AFP vía Getty Images)

Los fiscales generales de tres estados demandaron a la administración del presidente Joe Biden por un memorando que ordenaba a los agentes de inmigración no detener a muchos inmigrantes ilegales dentro de Estados Unidos.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, y el fiscal general de Ohio, Dave Yost, todos ellos republicanos, afirman que la directiva del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, es “una muestra descarada de desprecio por las órdenes legales del Congreso”.

Mayorkas, nominado por Biden, escribió el 30 de septiembre que estar en el país ilegalmente no era causa suficiente para que los agentes llevaran a cabo una detención.

Las estimaciones sobre el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos oscilan entre 11 y 14 millones.

Mayorkas dijo que los agentes no tienen suficientes recursos para rastrear a tantos inmigrantes ilegales e instó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a utilizar la discreción al realizar las detenciones.

Según las directrices, solo deben ser objeto de expulsión los inmigrantes ilegales que supongan una amenaza para la seguridad nacional, para la seguridad pública o para la seguridad fronteriza.

En la nueva demanda, los fiscales generales dicen que el memorando equivale a detener la aplicación de la ley federal de inmigración, con pocas excepciones.

“A pesar de un claro mandato de la ley estatutaria federal, los acusados creen que no hay literalmente ninguna restricción a su autoridad, y pueden liberar a individuos, incluyendo a los acusados o condenados por delitos, incluso cuando los tribunales de inmigración ya han ordenado su expulsión de Estados Unidos”, dijeron.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, en una foto sin fecha facilitada el 10 de junio de 2021. (Mark Brnovich)

La demanda expone la preocupación de que los extranjeros ilegales acusados o condenados por delitos sean liberados como resultado del memorando, poniendo aún más en tensión a instalaciones como los hospitales que ya están estresados debido a la pandemia COVID-19. Los funcionarios de las fuerzas del orden de Montana temen que las directrices provoquen un aumento del tráfico de drogas, mientras que los funcionarios de Ohio creen que tendrán que “hacer frente al aumento de la delincuencia a medida que los extranjeros sean liberados de la detención penal”.

La demanda pide al tribunal que declare que las directrices violan la ley federal y que prohíba permanentemente al gobierno federal aplicarlas. Se presentó en el tribunal federal de Cincinnati.

“La Administración Biden sigue aplicando su imprudente política de fronteras abiertas, con un escandaloso desprecio por la ley y la seguridad de las familias estadounidenses”, dijo Brnovich en un comunicado. “Su última orientación administrativa esencialmente aboliría el ICE, incluso cuando el crimen y las atrocidades en aumento se están moviendo a través de nuestra frontera y en las comunidades de todo el país. Junto con Ohio y Montana, Arizona presentó una demanda para desafiar y revertir esta política profundamente equivocada que devastaría aún más nuestro país”.

Mayorkas defendió el memorando ante un panel del Senado esta semana, argumentando que provenía de “una tremenda experiencia no solo como miembro del Departamento de Seguridad Nacional, sino como fiscal federal”.

Los aproximadamente 1.2 millones de inmigrantes ilegales a los que se ha ordenado la deportación no pueden ser todos expulsados, afirmó Mayorkas, por no hablar del resto de los que se encuentran ilegalmente en el país.

Al preguntarle al senador Chuck Grassley (R-Iowa) si creía que alguno de ellos debía ser expulsado, dijo que “sí creo que los individuos que suponen una amenaza para la seguridad pública, que suponen una amenaza para la seguridad nacional, que suponen una amenaza para la seguridad fronteriza deben ser expulsados y debemos ser inteligentes y eficaces en el uso de nuestros recursos, y debemos centrarnos en el bienestar de nuestras comunidades y priorizar a los individuos para su expulsión”.

Zachary Stieber – La Gran Época (The Epoch Times en español)


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