EE. UU.: Corte Suprema niega la ciudadanía permanente a inmigrantes que ingresaron ilegalmente

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Edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington D.C. el 10 de octubre de 2011. (Wikimedia Commons/Joe Ravi/CC BY-SA 3.0)

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Redacción BLes–Este lunes 7 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló unánimemente en contra de una solicitud de residencia permanente de inmigrante que ingresó ilegalmente al país y que está protegido por un programa que le permite trabajar llamado Estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés).

José Santos Sánchez, un extranjero ilegal de El Salvador, llegó a Estados Unidos ilegalmente en 1997. En 2001, Sánchez consiguió el estatus de protección temporal que le permite permanecer en Estados Unidos mientras el Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) lo permita.

En 2014, Sánchez solicitó el estatus de residente permanente lega. Después de que la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se lo denegara con el argumento de que había entrado ilegalmente en EE. UU., Sánchez apeló la decisión en una corte federal de distrito y ganó.

Posteriormente, la Corte de Apelación de Estados Unidos del Tercer Circuito revocó la decisión, basada en que al haber ingresado ilegalmente al país violó la ley federal de inmigraciones y por ende no podía acceder a una residencia permanente.

“La cuestión aquí es si la concesión del TPS le permite obtener el estatus de [residente permanente legal] a pesar de su entrada ilegal. Sostenemos que no lo hace”, escribió en el fallo de la Corte Suprema la jueza Elena Kagan.

“No se discute que Sánchez ‘entró en Estados Unidos a finales de los años 90 de forma ilegal, sin inspección’. Pero como se ha descrito anteriormente, el artículo 1255 exige que un solicitante [de residencia permanente legal] como Sánchez haya entrado en el país ‘legalmente’, con ‘inspección’, es decir, que haya sido admitido”, explica el veredicto.

“De hecho, el artículo 1255 impone un requisito de admisión por partida doble. Su disposición principal establece que un solicitante de la condición de [residente permanente legal] debe haber sido ‘inspeccionado y admitido o en libertad condicional en los Estados Unidos’, concluye.

El Estatus de protección temporal es un programa aprobado por el Congreso en 1990 bajo la premisa de evitar que cierto grupo de personas que vienen de países donde hay hambrunas, terremotos, epidemias o guerras sean deportados y puedan residir temporalmente en los Estados Unidos, e incluso trabajar legalmente.

Actualmente hay unos 400.000 inmigrantes que están en el programa de TPS y ellos son de Haití, El Salvador, Honduras, Burma (Myanmar), Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Yemen, Siria y Venezuela.

Durante su gestión, el expresidente Donald Trump intentó cerrar el programa pero sus intentos fueron bloqueados en las cortes federales hasta llegar a la última instancia, la Corte Suprema.

De los más de 400.000 inmigrantes que gozan del TPS, 262.500 son de El Salvador, 86.600 de Honduras, 58.600 de Haití y 14.800 de Nepal.

Más allá de ser países empobrecidos por décadas de corrupción y malas políticas, ninguno de ellos registra guerras propiamente dichas, o condiciones climáticas extremas como lo describe el requisito del programa.

Otro importante caso que tendrá que revisar la Corte que comparte muchas similitudes con TPS es el programa de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) una política de la era Obama con la que otorgaron protección para no ser deportados a aquellos inmigrantes que ingresaron ilegalmente cuando eran menores de edad.

Se estima que hay unos 1.326.000 inmigrantes en este grupo que incrementó este año gracias a las políticas pro-inmigración de la administración Biden.

La Corte Suprema traza el futuro de los Estados Unidos

El fallo de la Corte es el tercero del año pertinente a la inmigración ilegal en los Estados Unidos.

El 1 de enero la Corte rechazó una decisión de un juez federal de otorgar ayuda financiera – otorgada a los estadounidenses bajo la pandemia – a inmigrantes ilegales que buscaban asilo para permanecer en el país.

El 24 de marzo, también unánimemente rechazaron el pedido de un inmigrante ilegal criminal previamente deportado que buscaba no ser deportado.

Alvaro Colombres Garmendia – BLes


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