La Administración Trump reescribió el enfoque de Estados Unidos ante las amenazas de China

El presidente Donald Trump hace un gesto antes de subirse al Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 20 de enero de 2021. (Alex Edelman/AFP a través de Getty Images)

Análisis de noticias

Los últimos cuatro años, la administración del expresidente Donald Trump rompió con gobiernos anteriores para confrontar al Partido Comunista Chino (PCCh) de manera frontal, haciendo retroceder sus acciones malignas destinadas a remodelar al mundo a su propia marca de tecno-totalitarismo.

La administración reconoció la inmensidad de la campaña de infiltración del régimen chino que prácticamente no ha dejado intacto ningún aspecto de la sociedad estadounidense, dicen los expertos de China. Los funcionarios de la administración Trump han descrito las amenazas de Beijing como un atentado total contra la prosperidad económica, la seguridad nacional y las libertades de Estados Unidos, así como la de las democracias de todo el mundo.

Al hacerlo, Estados Unidos repudió la sabiduría convencional sostenida durante décadas la cual informó una política de compromiso hacia Beijing —que la liberalización económica conduciría a una China más democrática. Ese pensamiento ahora se acepta ampliamente como incorrecto.

El mayor logro del expresidente fue que “cambió por completo los términos del debate en Estados Unidos sobre cómo lidiar con la China comunista”, dijo a The Epoch Times, J. Michael Waller, analista senior de estrategia del centro de estudios de Washington Center for Security Policy.

“Trump abrió un agujero en la línea de propaganda del PCCh que aboga por la paz, el desarrollo mutuo y la cooperación mutua en todo el mundo”, dijo, y agregó: “El PCCh había podido salirse con la suya con esta mentira durante muchos años, ya fuera bajo un presidente republicano o demócrata”.

Los altos funcionarios de la administración, en particular el exsecretario de Estado Mike Pompeo, reconocieron por primera vez la naturaleza del PCCh (distinto del pueblo chino) como un “régimen marxista-leninista” y cómo esta ideología da forma a su objetivo de hegemonía global y la manera en que busca llegar allí.

“China está comprometida en toda una iniciativa estatal para convertirse en la única superpotencia del mundo por cualquier medio necesario”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, en julio pasado.

La transformación de las relaciones entre EE. UU. y China bajo Trump fue tal que “nunca podrá volver a ser como era”, dijo Waller. Añadió que la administración de Joe Biden ahora se encuentra “acorralada” por perseguir un enfoque más complaciente hacia Beijing. De hecho, el secretario de Estado entrante de Biden, Antony Blinken, en su reciente audiencia de confirmación en el Senado, admitió que “Trump tenía razón” al adoptar un enfoque duro contra China, aunque no estuvo de acuerdo en cómo debería hacerse.

Si bien la guerra comercial entre EE. UU. y China dominó los titulares durante gran parte de la presidencia Trump, se pusieron en marcha una serie de otras acciones para abordar las amenazas económicas y de seguridad nacional de Beijing. Sin embargo, a inicios de 2020, cuando se hizo evidente que el régimen chino encubrió la gravedad del brote del virus del PCCh —lo que permitió que se propagara por todo el mundo— la administración aceleró las labores para enfrentar a Beijing. El resultado fue una restricción por parte “del gobierno integral”. Para fines de año, la administración presentó al menos 210 acciones en 10 agencias, según Axios.

Abordando las prácticas comerciales desleales

Cumpliendo una promesa de campaña para acusar a China por sus prácticas comerciales injustas, Trump anunció en la primavera de 2018 aranceles sobre una larga lista de importaciones chinas, lo que provocó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los aranceles se aplicaron tras una investigación de la “Sección 301” la cual halló que el régimen estuvo participando en el robo de propiedad intelectual sancionado por el estado. Trump continuaría imponiendo aranceles a los productos chinos por valor de cientos de miles de millones, antes de que se firmara un acuerdo de fase uno en enero de 2020.

El acuerdo comercial incluyó compromisos por parte de Beijing para comprar 200 mil millones de dólares adicionales en bienes y servicios estadounidenses entre 2020 y 2021, proteger la propiedad intelectual, detener las transferencias de tecnología forzadas y brindar transparencia en las prácticas cambiarias. Sin embargo, un informe de enero de 2021 reveló que China ha comprado solo el 58 % de los bienes que había prometido.

Los aranceles de Trump, aún intactos sobre importaciones chinas por valor de 360,000 millones de dólares, hicieron que muchos fabricantes trasladaran su producción fuera de China hacia el sudeste asiático. Esta tendencia se aceleró en medio de la pandemia de COVID-19, ya que la crisis expuso la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, particularmente en industrias críticas.

Aislamiento de Huawei y tecnología china

En el transcurso de 2020, la administración Trump logró convencer a docenas de países para que expulsaran al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei de su infraestructura 5G, bajo la iniciativa “Red limpia”. Esta historia de éxito bajo el radar parecía impensable a inicios de 2020. Sin embargo cuando apareció la pandemia, el encubrimiento del régimen chino y la posterior campaña de desinformación condujo a los gobiernos occidentales a reevaluar su relación con él.

Iniciado la primavera pasada, el programa despegó rápidamente con unos 60 países asociados, que representan más de dos tercios de la economía mundial, y 200 empresas de telecomunicaciones que se unieron a la alianza en enero.

“El ímpetu de Red Limpia cambió el rumbo de Huawei y el plan maestro de 5G [por parte] del PCCh”, dijo a The Epoch Times el diciembre pasado, el entonces subsecretario de estado para el crecimiento económico, energía y medio ambiente, Keith Krach, el funcionario que encabezó la iniciativa.

“Los países y las empresas están aterrorizados por la doctrina del PCCh de intimidación, represalias y venganza. Y eso, básicamente, es un matón. Cuando se enfrenta a un matón, ellos dan marcha atrás. Y realmente dan marcha atrás si se tiene a sus amigos de su lado”, dijo.

Los funcionarios de Trump fueron vehementes en sus advertencias de que Beijing y otras empresas de tecnología chinas, tanto en software como en hardware, podrían ser utilizadas por Beijing para espiar. Citaron leyes chinas que obligan a las empresas a cooperar con las agencias de inteligencia cuando se les solicita, además de que todas las entidades del país están en deuda con el PCCh.

Las órdenes ejecutivas del expresidente el año pasado que prohibían las aplicaciones de propiedad china, TikTok y WeChat, tenían como objetivo bloquear el acceso de Beijing a grandes volúmenes de datos estadounidenses que podrían usarse para operaciones de inteligencia y así mejorar las herramientas de inteligencia artificial del régimen, dijeron funcionarios. Esas prohibiciones ahora están involucradas en batallas judiciales, y está por verse si la administración de Joe Biden continuará defendiendo las órdenes. La ejecución de la última orden de Trump en enero la cual prohíbe ocho aplicaciones chinas, incluidas las aplicaciones de pago Alipay y WeChat Pay, ahora queda en manos de la administración de Biden, y está por ver cómo actuarán.

Combatiendo el espionaje

La histórica represión del Departamento de Justicia (DOJ) contra el espionaje y la infiltración china bajo su “Iniciativa China” fue otra campaña que pasó desapercibida. Iniciada a fines de 2018, la iniciativa provocó un aumento dramático en los enjuiciamientos en contra del robo de secretos comerciales autorizados por el estado de Beijing. El director del FBI, Wray, dijo el año pasado que la agencia abre un caso relacionado con China cada 10 horas y tiene cerca de 2500 investigaciones activas en todas las oficinas.

La campaña se centró en los hackers informáticos, espías y empleados chinos de empresas estadounidenses que presuntamente robaron IP en beneficio de China. Esto también se extendió a los académicos e investigadores de EE. UU., que han sido el objetivo de Beijing durante años a través de programas de reclutamiento, conocidos como planes de talento, diseñados para facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos a China. Se ha acusado a varios investigadores por ocultar sus vínculos con estos programas, siendo el de más alto perfil el expresidente de química de la Universidad de Harvard, Charles Leiber. Los fiscales argumentaron que Lieber recibió 1.5 millones de dólares para instalar un laboratorio en China, mientras trabajaba en una investigación sensible en Estados Unidos por la cual recibió más de 15 millones de dólares en subsidios federales desde 2008.

El año pasado, la campaña desbarató una vasta red de oficiales militares chinos encubiertos que se hacían pasar por estudiantes en Estados Unidos. Seis investigadores chinos fueron acusados ​​de fraude de visas. La investigación del FBI, junto con el cierre del consulado chino en Houston por sus actividades de espionaje e influencia maligna, derivó a que más de 1000 investigadores chinos vinculados al ejército a abandonaran el país, según John C. Demers, fiscal general adjunto de seguridad nacional.

Reforzando la seguridad nacional

Guiada por la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y la Estrategia del Indo-Pacífico de 2018, la administración buscó mejorar sus alianzas en Asia-Pacífico para contrarrestar la creciente influencia del régimen en el extranjero. En 2018, el ejército de EE. UU. cambió el nombre del Comando del Pacífico de EE. UU. a Comando del Indo-Pacífico, lo que significa un eje estratégico. El año pasado, Estados Unidos fortaleció su cooperación de defensa con India, un contrapeso clave para China. Las hostilidades del régimen chino en la frontera con India antagonizaron aún más su relación.

La administración también revitalizó el marco informal conocido como Quad entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, convirtiéndose en una fuerza militar y diplomática en la región.

La relación de Estados Unidos con Taiwán también se estrechó significativamente durante la administración Trump. El año pasado envió a dos funcionarios de alto nivel a visitar la isla democrática, el primero de los cuales fue el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Fue el funcionario de más alto nivel del gabinete estadounidense en visitarla desde que Estados Unidos cambió las relaciones formales de Taiwán a China en 1979. Las ventas de armas a la isla autónoma, a quien Beijing amenaza con apoderarse a la fuerza si es necesario, también aumentaron.

“Hemos apoyado a nuestros amigos en Taiwán”, dijo Pompeo en un tuit del 7 de enero. “Durante los últimos 3 años, la Administración Trump autorizó más de 15 mil millones de dólares en ventas de armas a Taiwán. ¿La administración Obama? 14 mil millones de dólares en ventas durante 8 años”, agregó.

Mientras tanto, el lanzamiento de la Fuerza Espacial de EE. UU. en 2019 como una nueva división del ejército fue un primer paso vital para hacer dar marcha atrás a las ambiciones de China y Rusia de convertir el espacio en armamento.

La administración también puso en la mira a la estrategia de “fusión cívico-militar” del régimen chino, que orienta a las innovaciones de la industria privada para que se aprovechen en apoyo a la modernización militar de China. A los estudiantes chinos de posgrado afiliados a instituciones que apoyan la estrategia se les prohibió la obtención de visas. Decenas de empresas chinas fueron incluidas en una lista negra comercial por su papel en el apoyo a las actividades militares chinas.

En un movimiento innovador, Trump prohibió las inversiones de EE. UU. en una lista de 45 empresas chinas que el Pentágono considera que tienen vínculos con el ejército chino. La orden buscaba bloquear el flujo de capital estadounidense, incluso a través de fondos públicos de pensiones y jubilaciones, hacia empresas que ayudan a las fuerzas armadas del régimen—poniendo en peligro la seguridad nacional de EE. UU. Fue un problema que se pasó por alto durante años, según los expertos en seguridad.

“La mayoría de los estadounidenses no tienen idea de que su propio dinero—guardado en fondos de pensiones, 401K y cuentas de corretaje—está financiando al ejército del PCCh, al estado de vigilancia y a los abusos de los derechos humanos a través de una red opaca no revelada de subsidiarias, fondos indexados y productos financieros”, dijo el subsecretario Krach en enero.

La prohibición, que entró en vigor en enero y establece un plazo límite en noviembre para las desinversiones, ha llevado hasta ahora a que los proveedores de índices eliminen a varias empresas chinas de su índice de mercados emergentes y que la Bolsa de Nueva York elimine de la lista a tres empresas de telecomunicaciones chinas.

Tomando medidas en materia de derechos humanos

En un marcado cambio con respecto a los gobiernos anteriores, la administración Trump respaldó con acciones su dura retórica que condena los abusos de los derechos humanos por parte de Beijing. En 2020, sancionó a 20 funcionarios del PCCh y de Hong Kong, incluida la líder de Hong Kong, Carrie Lam, y un miembro del poderoso Politburó del PCCh, principalmente por el quebranto por parte del régimen a las libertades de Hong Kong y la persecución de los uigures en la región de Xinjiang.

“Realmente elogio muchas de las cosas que ha hecho la administración para alejarse de esta idea ingenua de que uno puede involucrarse con un régimen tan represivo a puertas cerradas solo con palabras”, dijo recientemente a The Epoch Times, el activista de derechos humanos del Reino Unido, Benedict Rogers.

“En realidad, lo que necesitas para transmitir el mensaje son medidas punitivas, el tipo de sanciones que ha introducido EE. UU.”, agregó.

En diciembre, Pompeo también sancionó a un jefe de policía chino por su participación en “graves violaciones a los derechos humanos” contra practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual reprimida violentamente por el PCCh durante más de 21 años. Esta fue la primera vez que Estados Unidos castiga a un funcionario chino por participar en la persecución.

En uno de sus actos finales como secretario de Estado, Pompeo declaró como “genocidio” la represión del PCCh contra los uigures y otras minorías musulmanas, una medida que probablemente hará que las empresas se lo piensen dos veces antes de hacer negocios con Xinjiang, un proveedor líder mundial de algodón.

Cathy He – La Gran Época (The Epoch Times en español)