Administración Trump celebra el Día de la Libertad Religiosa con la mirada puesta en las persecuciones de gente de fe en China

El presidente Donald J. Trump se reúne con sobrevivientes de la persecución religiosa de 17 países el miércoles 17 de julio de 2019, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Foto oficial de la Casa Blanca por Shealah Craighead)

Redacción BLes– La Administración Trump celebró el Día Internacional de la Libertad Religiosa con un llamado a generar conciencia por las persecuciones que ocurren hoy en día a la gente de fe en diferentes partes del mundo, con especial énfasis en las violaciones a los derechos humanos que ocurren en China.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó que “inspirado por la visión de los fundadores de Estados Unidos”, el país americano ha sumado la promoción de la libertad religiosa a nivel mundial como parte de su política exterior.

“Hoy, nuestro compromiso de defender este derecho nunca ha sido más fuerte”, destacó el 27 de octubre en su cuenta de Twitter.

En 1998, Estados Unidos promulgó la Ley de Libertad Religiosa Internacional como parte del compromiso del país en promover y defender el derecho fundamental a la libertad religiosa en todo el mundo.

“Nuestro gobierno entendió que un individuo, independientemente de su religión o creencias, debe tener la libertad de organizar su vida de acuerdo con su conciencia”, señaló Pompeo a través de un comunicado del Departamento de Estado.

“La libertad religiosa y otros temas de la dignidad humana son, y siempre serán, una prioridad fundamental de la política exterior estadounidense”, afirmó.

En ese marco, remarcó que actualmente “tres de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo, la República Popular China, Irán y Corea del Norte, han endurecido sus medidas coercitivas para silenciar a su propia gente”.

“Peor aún, la República Popular China ha buscado erradicar todas las formas de fe y creencias que no se alinean con la doctrina del Partido Comunista Chino”, sostuvo.

La Administración Trump ha sido fuertemente crítica de las violaciones a los derechos humanos en China, puntualmente de las persecuciones religiosas que allí ocurren. En una de sus últimas medidas, el gobierno estadounidense agudizó sus bloqueos a importaciones provenientes de campos de trabajo forzado del país asiático.

Desde que el Partido Comunista chino (PCCh) tomó el poder por la fuerza en China en 1949, las creencias espirituales han sido uno de sus principales blancos de represión.

En lo que respecta al cristianismo, muchos creyentes chinos se niegan a acudir a las iglesias Tres Autonomías -cuyos pastores y líderes son nombrados por el PCCh- y se congregan en iglesias protestantes denominadas “iglesias domésticas”, las cuales son perseguidas por las autoridades.

Otros grupos religiosos perseguidos brutalmente en China son los budistas tibetanos, los musulmanes uigures y los practicantes de Falun Dafa (también conocido como Falun Gong).

De hecho, el destacado abogado británico de derechos humanos, Sir Geoffrey Nice QC, convocó semanas atrás a formar una corte independiente en Londres que investigue si los abusos del régimen chino contra los uigures constituyen un genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Nice, quien anteriormente dirigió el enjuiciamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic en la Corte Penal Internacional, presidió la Corte Independiente sobre la Sustracción Forzada de Órganos de Presos de Conciencia en China, conocida como la Corte de China. Este tribunal determinó que estaba “fuera de duda” que la sustracción forzada de órganos con fines de lucro, autorizada por el Estado, tiene lugar en China hace años y “a una escala significativa”.

La Corte de China argumentó que esos órganos proceden principalmente de creyentes encarcelados, la mayoría de los cuales son practicantes de la disciplina de la Escuela Buda llamada Falun Dafa.

 Alianzas contra el régimen chino

En los últimos años, y generalmente bajo el liderazgo de la Administración Trump, han surgido numerosas iniciativas a nivel global que llaman a investigar y condenar las persecuciones religiosas que ocurren en China.

Semanas atrás, el parlamento británico debatió imponer sanciones al régimen comunista chino por la situación de los uigures.

Antes de eso, Alemania, en nombre de 39 países, presentó una declaración en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) exigiendo a Beijing que permita un “acceso sin restricciones” a la región de Xinjiang -donde se encuentra la minoría uigur-. El pedido se basó en “un número cada vez mayor de informes de graves violaciones de los derechos humanos”.

En septiembre, una coalición de 160 grupos de derechos humanos entregó una carta al Comité Olímpico Internacional (COI) instándole a revocar la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. La IPAC, la Alianza Interparlamentaria sobre China (un grupo internacional multipartidario de legisladores que trabajan para reformar la forma en que los países democráticos abordan a China), encabezada por el parlamentario británico Sir Iain Duncan Smith, también está haciendo campaña para que se traslade el evento deportivo.

“El mundo debe preguntarse si China, estrangulando lentamente a todo un pueblo, tiene la capacidad moral para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022”, planteó al respecto una editorial del Washington Post. “Creemos que no”, afirmó.

También el mes pasado más de 300 ONG instaron a la ONU a establecer un mecanismo para investigar las violaciones de los derechos humanos en China.

En una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a los estados miembros, estas organizaciones -incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch- denunciaron “las violaciones masivas de los derechos humanos que comete China en Hong Kong, Tibet y Xinjiang, la supresión de informaciones en el contexto de la pandemia de covid-19, así como los ataques contra defensores de los derechos, periodistas, abogados y detractores del gobierno en todo el país”.

Asimismo, el diputado británico Chris Evans (Islwyn) instó a que el Reino Unido impusiera sanciones Magnitsky a los funcionarios chinos implicados en el escándalo de los uigures.

“China es innegablemente una potencia económica, pero no podemos dejar que su fuerza en la economía mundial la proteja para permitir atrocidades y violaciones de los derechos humanos”, apuntó Evans, concluyendo que había llegado el momento de actuar.

Mike Pompeo anunció a fines de septiembre la creación de una coalición global contra el régimen comunista chino.

“El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía”, declaró el secretario de Estado en referencia al PCCh sosteniendo que “si el mundo libre no cambia a la China comunista, la China comunista de seguro nos cambiará a nosotros”.

 Miguel Díaz – BLes.