AMLO sigue los pasos de Chávez: convierte al Ejército en policía

Violencia en México: por qué AMLO pasó del “abrazos, no balazos” a ordenar el despliegue del Ejército en las calles. (EFE)

«Un soldado está entrenado para la guerra, para matar y un policía no está entrenado para matar», declaró el exdirector del Centro de Información y Seguridad Nacional.

El presidente de México y su partido, Morena, estuvieron en contra de la militarización de las calles hasta que subieron al poder y lograron aprobar una ley que entregó la seguridad pública a los militares hasta el 2024.

Los paralelismos entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el chavismo en Venezuela han pesado contra el mandatario mexicano desde que presentó su candidatura. En su primer año y medio de Gobierno ya ha tomado varias acciones que lo afirman. Al igual que Chávez, creó una Guardia Nacional que hasta imita el nombre de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. Para hacerlo fue necesario modificar la Constitución, algo que también sucedió con el chavismo.

El manejo de coronavirus ha provocado ataques contra la policía

Ahora la pandemia del COVID-19 le dio la oportunidad perfecta para ampliar el poder del Estado. «Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios», declaró López Obrador al comunicar la «necesidad» de incorporar al Ejército a la labor policial mediante decreto el 11 de mayo.

México es la nación hispanoamericana con la mayor incidencia de muertes por COVID-19 y paralelamente una de las que menos pruebas ha realizado. Con 127 millones de habitantes, México ha hecho apenas 142 204 pruebas, que equivale a 1 103 por cada millón de habitantes. En comparación, un país como Chile, con una economía más libre, donde la mayoría de las pruebas se han hecho en sanatorios privados, con 19 millones de habitantes se han hecho más del triple de pruebas (313 750), 16 413 por cada millón de habitantes.

La falta de pruebas ha producido también ausencia de diagnósticos entre los fallecidos, provocando denuncias e incluso ataques por parte de familiares de los difuntos que denuncian que sus muertos no tenían síntomas y que los hospitales del Estado están denominando erróneamente COVID-19 a casos que no lo son.

“Está habiendo saqueos, agresiones a policías en los hospitales. El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, está necesitando de la ayuda de los militares y es muy probable que no le hagan caso. Este acuerdo es un apoyo de López Obrador a su capacidad de gestión”, dijo Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante El País.

Según el analista, la decisión de incorporar de nuevo a militares en labores de policía, se trata de una pugna dentro del aparato de seguridad del Estado.

México vive la mayor incidencia de asesinatos de su historia

El auge de la violencia también se asemeja al de Venezuela, cuya capital se volvió la ciudad más violenta del mundo bajo el chavismo. México acaba de vivir el mes más sangriento del mandato (2 492 en abril) de López Obrador, que a su vez produjo el año más violento de la historia de México. Con lo cual la política de «abrazos y no balazos» que el mandatario ofreció en campaña se desmoronó. «Implícitamente es un reconocimiento de que la estrategia no está dando resultados», afirmó David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ante la BBC.

«Ya se cansó de usar el disfraz de la Guardia Nacional»

No obstante, el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en políticas de seguridad, Alejandro Madrazo, sostiene que el decreto firmado el lunes 11 de mayo fue más allá y pasó por encima de los equilibrios y contrapesos que mantiene la división de poderes en una república.

“Es una exigencia al Ejército. Ya se cansó de usar el disfraz de la Guardia Nacional. Ya no acepta las órdenes civiles ni la supervisión del Congreso. Lo que acaba de implantar López Obrador es la misma estrategia que fundó Felipe Calderón y extendió de Peña Nieto, centralizar las labores de seguridad pública en el Ejército. En la nueva norma no se establece ningún mecanismo de supervisión, no obliga a la subordinación al mando civil, sino la mera coordinación, no delimita sus funciones y no está suficientemente regulado”, asegura.

López Obrador le dio al Ejército el control de la obra pública

Hoy el Ejército es el mayor beneficiario de López Obrador. No solo en materia de seguridad, el Gobierno también le ha dado a las fuerzas del orden el poder de controlar la obra pública. Esto a su vez no solo impide el acceso de inversión al país, sino que implica mayor gasto y por tanto más control desde el Estado.

En marzo del 2020 el mandatario anunció la creación de una empresa a cargo de los militares para construir, operar, administrar y explotar el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México.

El Ejército no solo construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y comerciales mediante una empresa cuya dirección estará ocupada por militares.

Según las proyecciones del Gobierno, la obra demorará tres años y tendrá un costo de 68 300 millones de pesos (3 600 millones de dólares). De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el 2019 ascendió a 71 mil millones de pesos (alrededor de 30 millones de dólares).

Lo que significa que la pérdida será aún mayor, pues no solo no ingresará el dinero de la inversión privada, sino que además el Estado, mediante los impuestos ciudadanos, será quien enfrente el gasto. Con su característica retórica de izquierda, López Obrador justificó la participación militar en la obra pública:

«¿Por qué recurro al apoyo de las Fuerzas Armadas?, ¿por qué me respaldo tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa?”, se preguntó el mandatario la semana pasada en público. “Porque son dos pilares del Estado y resistieron al vendaval neoliberal, porque la mayoría de las instituciones quedaron deshechas, todo lo que es la industria de la construcción se destruyó».

En teoría, López Obrador ha mantenido un discurso de presunta austeridad, recortando hasta el 44 % del presupuesto de la Seguridad Social. En la práctica, aumentó el 15 % del presupuesto de las Fuerzas Armadas y en lugar de abrir licitaciones que alivien el gasto del Estado, monopoliza la contratación pública.

“En una sociedad democrática los militares debería rendir cuentas y no estar sujetos a la opacidad que reflejan los datos de compras públicas. Y el primer interesado debería ser el Gobierno, que al inicio de su mandato anunció que reducirá a lo mínimo las adjudicaciones directas”, declaró Marco Fernández, investigador del Tec y México Evalúa.

Pero no ha cumplido con lo dicho. Va en aumento el control por parte del Estado, en particular de las Fuerzas Armadas, tal como sucede en Venezuela, donde Chávez puso a los militares a cargo de la venta de pollo y verduras y su sucesor, Nicolás Maduro, ha asignado a los uniformados la cría de pollos y la siembra de frijoles negros, aunado a la creación de una empresa militar para explotar petróleo, gas y recursos minerales.

En lugar de poner a la cabeza de las industrias expertos en la materia, están a cargo de la producción quienes deberían defender a la nación de invasiones enemigas y además los instrumentalizan para reprimir el disenso. En Venezuela ya está instaurado, en México recién está empezando.

Mamela Fiallo Flor – PanamPost