El gobernador de Florida quiere hacer obligatorio el uso de E-Verify

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla con los medios después de su visita al Centro Nacional de Huracanes para recibir una sesión informativa sobre el huracán Dorian en Miami, Florida. EFE / EPA / Cristobal Herrera / Archivo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis Calls, pidió este lunes a los legisladores floridanos que aprueben en 2020 normas que obliguen a los empresarios a verificar mediante un sistema online el estatus migratorio de las personas antes de darles empleo.

El republicano DeSantis dijo en un acto en The Villages, una comunidad formada casi exclusivamente por jubilados y localizada en el noroeste del estado, que el sistema E-Verify, creado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trata de crear un “mercado laboral seguro y legal”.

Acompañado por el senador Joe Gruters y el representante Cord Byrd, el gobernador dijo que confiaba en el que el Congreso estatal apruebe en su periodo legislativo de 2020 una normativa dirigida a “proteger a los trabajadores de Florida, mantener el imperio de la ley y hacer que las comunidades sean más seguras”, según un comunicado oficial.

A su juicio, este sistema, que permite a los empleadores corroborar la información del solicitante de empleo en las bases de datos del DHS y la Oficina del Seguro Social (SS), supone actuar de una manera justa con “los trabajadores legales y nacidos aquí”.

El senador estatal Gruters, también republicano, subrayó que E-Verify brinda a los empresarios una “manera rápida, gratuita y efectiva” de saber si una persona puede trabajar legalmente en este país, lo que servirá para “proteger a los trabajadores de Florida contra la competencia laboral desleal y la caída de salarios”.

Cord Byrd añadió que E-Verify va a “desalentar” el uso de mano de obra ilegal en Florida.

Florida es, junto a California y Texas, uno de los estados con mayor población de origen hispano, y se calcula que cerca 685,000 inmigrantes indocumentados viven en el “Estado del sol”.

El pasado 1 de octubre entró en vigor en el estado una ley que castiga a las jurisdicciones que protejan indocumentados (las llamadas ciudades “santuario”) y que obliga a las autoridades locales a colaborar con Inmigración y sus órdenes de detención prolongada con miras a la deportación.

La Gran Época – EFE