La matanza del régimen de Daniel Ortega.

MANAGUA.- La matanza perpetrada por las fuerzas paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y tropas antimotines de la Policía Nacional, ha provocado el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en los años de post guerra.

Desde que terminaron los combates en la guerra entre el Ejército Popular Sandinista y la Contra en 1990, nunca se había producido una pérdida de vidas humanas semejante, en solamente una semana, como resultado de una acción de la cual es directamente responsable el Estado que, en nuestro caso, es el sistema Estado-Partido-Familia, publica El Confidencial.

El horror y estupor que ha causado la muerte de 38 personas a causa de la represión –la mayoría jóvenes estudiantes– solo es comparable con la masacre ejecutada por la dictadura de Somoza contra la población civil el 22 de enero de 1967.

Igual que en esa ocasión, en que nunca se pudo determinar la cantidad exacta de las víctimas, ahora está pendiente una investigación exhaustiva para establecer la verdad, en hospitales, morgues, y el Instituto de Medicina Legal, en los que el régimen ha impuesto el control y la bota del secretismo.

En un régimen democrático, no haría falta esperar el conteo definitivo de las muertes, para reconocer la gravedad de esta masacre y establecer de inmediato las responsabilidades de los culpables, para que sean sometidos a la justicia. En una dictadura, en cambio, el manual le ha orientado a Ortega activar el sistema de encubrimiento e impunidad, para que cómo en la historia de El Gatopardo “todo cambie, para que todo siga igual”.

Pero el gobernante ausente y su omnipresente vicepresidente, no solamente intentaron descalificar la protesta llamando a los jóvenes estudiantes “grupos minúsculos”, “vampiros chupasangre”, y “pandilleros”, sino que ordenaron arreciar la represión hasta provocar una verdadera masacre. Solo así se explica la irracionalidad en el uso excesivo de la fuerza policial y paramilitar para sofocar una protesta social, que Ortega advirtió como una amenaza política al monopolio que ejercía sobre el control de las calles.

Fuente: El Confidencial