Ciudades santuario, entre ellas West Palm Beach, en la mira de la justicia.

El presidente Trump solicitó al Congreso mayor presupuesto para aumentar el control fronterizo, avanzar su proyecto de construcción del muro con México y en la contratación de más jueces migratorios para fortalecer los tribunales

Tras la decisión de los tribunales federales que frena el intento de la Casa Blanca de recrudecer las sanciones contra las ciudades santuario –aquellas que no ofrecen información a las autoridades migratorias acerca de personas sin estatus legal–, la única herramienta con que cuenta el Gobierno y que le da jurisdicción a las autoridades federales para exigir a entidades estatales o locales que cooperen en tal sentido es una ley que data de 1996, la Sección 1373.

Sin embargo, aunque la jurisprudencia ha establecido que la disposición no obliga a las jurisdicciones a recopilar información sobre el estado de inmigración ni a compartir con los funcionarios federales ninguna información que todavía no tengan, la administración de Trump está adoptando una visión más expansiva que sus predecesores en la interpretación de la Sección 1373, y la está utilizando más rigurosamente como un vehículo para actuar con las jurisdicciones que limitan su cooperación con ICE.

En mayo de 2017, la propuesta de presupuesto del año fiscal de 2018 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presionó al Congreso para enmendar la Sección 1373 para exigir que las jurisdicciones compartieran la información del recluso, incluida la fecha de liberación, la dirección del hogar y la información de contacto. La propuesta no avanzó en el Congreso pero reveló la intención de la Administración.

Luego de que el condado Miami-Dade, en Florida, anunciara que no opera como ciudad santuario y Clark County, en Las Vegas, dejara de serlo en enero de 2017, tras conocer que el Gobierno Federal recortaría los fondos a entidades de Gobierno local bajo esta calificación, ambas demarcaciones comenzaron a cumplir con las detenciones solicitadas por el ICE.

Pero en Florida aún queda una ciudad santuario: West Palm Beach y por su condición ha entrado en el radar del Departamento de Justicia, organismo que ha enviado carta a las 23 ciudades santuarios en la que exige los documentos que comprueben su cumplimiento de la Sección 1373, al tiempo que amenaza con citarlas para ver su cumplimiento, éstas son: Berkeley, Fremont, la ciudad de Los Ángeles, el condado de Monterey, el condado de Sacramento, la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Sonoma, Watsonville y el estado de California, Chicago, el condado Cook y el estado de Illinois, Albany y la ciudad de Nueva York, el condado de Bernalillo en Nuevo México; Burlington, en Vermont; la ciudad y el condado de Denver en Colorado; Jackson, en Mississippi; Lawrence, en Massachussetts; Metro área de Luisville, en Kentucky, y el estado de Oregón.

La ciudad de West Palm Beach en ese sentido ha presentado una demanda contra el fiscal general Jeff Sessions, solicitando a un tribunal federal que declare que cumple con la Sección 1373. Hay un precedente para esto: un juez federal en noviembre de 2017 declaró que la política de Philadelphia en ese sentido estaba en cumplimiento de la ley.

El Instituto de Política Migratoria considera que existen muchos problemas relacionados con la Sección 1373 y la retención de fondos sigue sin resolverse, debido a que la ordenanza no especifica qué abarca el término “información sobre el estado de inmigración”. Por lo que los estados y las localidades santuarios podrían argumentar que no tienen ninguna obligación de compartir información adicional, como la fecha de publicación, sobre un no ciudadano extraíble cuando no recopilaron la información del estado de inmigración por sí mismos, habiéndolo obtenido solo a través de una detención del DHS.

En algunas jurisdicciones, la fecha de liberación de un recluso está a disposición del público. Las jurisdicciones pueden seguir el ejemplo de Philadelphia y West Palm Beach, y solicitar de manera proactiva a los tribunales que declaren su cumplimiento con la Sección 1373. Y dado que los desafíos más amplios a las acciones del Departamento de Justicia se encuentran en varias etapas de litigio en los tribunales federales, es probable que la decisión final termine en la Corte Suprema.

Pero Trump parece querer agotar todos los recursos legales para frenar la inmigración ilegal. Recientemente firmó un memorando que establece un Centro Nacional de Vetting, que facilitará el intercambio de información interinstitucional entre los departamentos de Seguridad Nacional, Estado, Justicia e Inteligencia. El objetivo del centro será supervisar la selección de solicitantes de visa e inmigración, personas que no intenten ingresar al país y personas en procedimientos de deportación, para identificar amenazas a la “seguridad nacional, seguridad fronteriza o seguridad pública”.

Mayor presupuesto para arreciar medidas migratorias

Asimismo, Trump aumentará los fondos para la aplicación de la ley migratoria en el presupuesto del año fiscal 2019. Mientras busca recortes en otras agencias, solicita aumentos para la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) y la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Dentro de CBP, estos aumentos incluirían 1.600 millones de dólares para construir 65 millas de muro fronterizo en Texas, así como 211 millones de dólares para contratar a 750 agentes de la Patrulla Fronteriza. ICE obtendría 571 millones de dólares para contratar a 2.000 agentes y 1.300 empleados de apoyo, así como 2.800 millones de dólares para 52.000 camas de detención de 39.000 camas financiadas por el Congreso en el año fiscal 2017.

El presupuesto también busca un aumento del 28% para el sistema de tribunales de inmigración, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), un componente del Departamento de Justicia. Esto incluye 40 millones de dólares para 75 nuevos jueces de inmigración y 375 empleados para personal de apoyo.

Fuente: Diario Las Américas