Nuevas dudas sobre el nominado para secretario de Trabajo

 

Thomas Perez

Una situación sorprendente ocurrida el miércoles ha planteado nuevas preguntas acerca del nominado por el presidente Obama para ser el nuevo secretario de Trabajo.

El ayudante del procurador general, Thomas Pérez, es uno de los nominados por los que el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid (D-NV), acaba de organizar la lucha contra el filibusterismo. Como resultado del acuerdo que Reid alcanzó con los senadores republicanos, se suponía que Pérez iba a tener hoy su votación de confirmación. Pero ayer incluso se ahorró el procedimiento de la votación en el Senado, pues seis republicanos rompieron la disciplina de partido para aprobar su nombramiento.

Pérez se ha enfrentado a preguntas sobre su confusa declaración ante el Congreso acerca de su involucración en un acuerdo quid pro quo con el ayuntamiento de St. Paul, Minnesota, que tuvo como resultado la desestimación de un caso en la Corte Suprema y la renuncia de los contribuyentes a una reclamación por valor de casi $200 millones. Pérez ha rehusado entregar los correos electrónicos privados que utilizó para llevar a cabo esa labor en el Departamento de Justicia (DOJ), así como testificar ante la Cámara de Representantes, a pesar de la orden dada por el Congreso. Pero aparentemente eso no es todo.

Ahora, David Weber, abogado que representa a los empleados, tanto actuales como antiguos, de la División de Derechos Civiles, a la que Pérez supervisaba, ha hecho una declaración pública ante la prensa acusando a Pérez de una “mala conducta significativa”. Los empleados, que están reclamando el estatus de informadores, se reunieron con el personal de los senadores demócratas y republicanos y ofrecieron pruebas de “discriminación por trato desigual bajo el mandato de Thomas Pérez”. Esto resulta relevante puesto que el “trato desigual” es la teoría legal favorita de Pérez, ya que la ha utilizado para perseguir a numerosas empresas y a otros acusados en casos de discriminación a nivel federal.

Estos informadores afirman que Pérez y su personal de alto nivel “comenzaron una campaña generalizada” de trato discriminatorio contra empleados discapacitados así como contra otros empleados “por su raza, género, edad y/o estado civil”. Los empleados que se opusieron a esta discriminación fueron “objeto de un entorno laboral excepcionalmente hostil y de represalias ilegales”. Entre los informadores se encuentran empleados afroamericanos, hispanos y mujeres.

Lo más sorprendente de estas alegaciones es que la razón que se ha dado para esta discriminación es que “las acciones de Pérez estaban encaminadas a mantener los puestos de los nombramientos políticos que se han ‘aferrado’ a la División de Derechos Civiles gracias al patrocinio de Pérez”.

“Aferrarse” es el término usado en Washington para describir a los nombramientos políticos que han sido colocados en puestos protegidos, de burócratas de carrera y de la administración pública, de modo que no pueden ser despedidos cuando una administración termina su mandato y el presidente deja el cargo, como les sucede a los demás nombramientos políticos. Aparentemente, las limitaciones fiscales impuestas a su división a causa de la crisis presupuestaria llevaron a Pérez a ordenar a su personal que “prescindiera de forma constructiva de los puestos de carrera con el fin de proteger a los nombramientos políticos de una Reducción de Personal”.

El comunicado de prensa también indica que hay otros diez responsables de derechos civiles del DOJ que “se han presentado como testigos y han proporcionado información que corrobora y respalda estas alegaciones”.

El abogado David Weber no tiene pelos en la lengua a la hora de decir que aunque Pérez “ha sido nominado para ser el protector de los trabajadores americanos”, sus clientes le han comentado al Congreso que Pérez “discrimina de forma descontrolada a sus propios subordinados y que toma represalias contra quienes muestran la valentía suficiente como para oponerse”.

Las afirmaciones hechas por estos informadores en contra de Pérez y los altos cargos de su administración son extremadamente graves. Weber está pidiendo que el Congreso investigue y “mantenga la nominación de Thomas Pérez pendiente de investigación”. Weber también pide que el procurador general Eric Holder “tome medidas inmediatas para restringir la discriminación y las represalias”.

Holder ha estado hablando muchísimo la semana pasada acerca de la investigación por parte del Departamento de Justicia del caso de George Zimmerman por posibles violaciones de los derechos civiles. Pero parece que necesita redirigir esa investigación hacia su propia División de Derechos Civiles.

Si el Senado sigue ahora adelante con la votación para la confirmación de Pérez antes de que se hayan investigado estas sorprendentes afirmaciones, habrá ignorado entonces su papel de “consejo y consentimiento” que requiere que revise en profundidad las calificaciones (y el carácter) de los altos responsables del poder ejecutivo.