La opinión pública y la Corte Suprema

Corte SupremaUna reciente encuesta de Rasmussen muestra que la aprobación pública de la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en su mínimo histórico. Sólo el 28% de los encuestados le otorgó a la Corte Suprema la calificación de “buena” o “excelente”, mientras la calificación de “mala” para los magistrados se ha elevado hasta el 30%. Esta calificación negativa es incluso mayor que la presentada por Rasmussen el año pasado tras la decisión de ratificar Obamacare.

Las críticas a la Corte se expanden por todo el espectro político, con parte de la izquierda denunciando la decisión de derogar parte de la Ley de Derecho de Voto como la “vuelta a Jim Crow” y parte de la derecha condenando las decisiones relativas al matrimonio homosexual como de “política adornada de ley constitucional”. Mientras tanto, hay quienes se preguntan si la Corte Suprema es simplemente una “superasamblea, que decide en una votación por mayoría cuáles son nuestros derechos constitucionales”. Pero, decidan correctamente o no en los grandes casos, ¿debería la opinión pública afectar a los magistrados de la Corte Suprema?

Ciertamente esta no es la primera vez que los magistrados reciben una calificación tan dura por parte de la opinión pública. Después de que la Corte emitió su decisión en el caso de Brown contra la Junta de Educación, declarando que la segregación escolar era inconstitucional, por todo el Sur se pudieron ver carteles con el lema “Impugnen a Earl Warren” (que en ese momento era el magistrado jefe). La decisión de la Corte de reconocer el derecho constitucional al aborto en el caso de Roe contra Wade condujo a la celebración anual de la Marcha por la Vida en Washington D.C., a la que este último año acudió cerca de un millón de manifestantes. Y en 2010, el presidente Obama dedicó parte de su discurso sobre el Estado de la Unión a reprender públicamente a la Corte por revocar una prohibición sobre los gastos políticos independientes de empresas y sindicatos en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión Electoral Federal.

El alto tribunal no tiene ni debería tener que rendir cuentas ante el juicio de la opinión pública. Los magistrados de la Corte Suprema y otros jueces federales nombrados según el Artículo III de la Constitución disfrutan de un empleo vitalicio, que está pensado para aislarlos de los caprichos de los poderes políticos del gobierno y de las pasiones efímeras de la gente. Como expresó Alexander Hamilton en El Federalista LXXVIII, la independencia de la judicatura es fundamental para la “administración serena, recta e imparcial de las leyes”. Si los jueces fuesen nombrados o elegidos para una serie de años, habría “una propensión exagerada a pensar en la popularidad” en lugar de en la Constitución y las leyes.

Así, la estructura de nuestro gobierno y el limitado mecanismo de destitución de los jueces federales protegen a la Corte Suprema de la opinión pública. No obstante, se ha podido saber que el magistrado jefe John Roberts es “sensible a cómo es percibido el tribunal por el público”.

¿Dictaminaron correctamente los magistrados en los grandes casos durante este mandato? ¿Se ven afectados por la opinión pública? Estas preguntas se encuentran entre las que un grupos de expertos abordará en la sesión anual de Scholars and Scribes Review the Rulings: The Supreme Court’s 2012–2013 Term (Académicos y periodistas revisan las sentencias: El mandato 2012-2013 de la Corte Suprema). Los fiscales de la Corte Suprema Stephanos Bibas, Charles Cooper y Tom Goldstein, junto con los periodistas que cubren las noticias de la Corte Jess Bravin, Adam Liptak y David Savage, reflexionarán el jueves 11 de julio en un evento organizado por la Fundación Heritage (de 11:00 am a 1:00 pm (ET) sobre la imagen de la Corte, las tendencias emergentes y si la Corte acertó o no en los grandes casos. (Regístrese o véalo en vivo aquí).