Las familias tienen buenos motivos para estar preocupadas acerca de cómo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA ) de 2010 [1] va a afectarlas.
Aunque la ley otorgará derechos a beneficios de salud a millones de personas y familias, muchas de sus disposiciones debilitarán la elección de cobertura de las familias, menoscabarán la participación de los padres en las decisiones de salud de sus hijos, penalizará el matrimonio y minará los valores familiares en lo que a salud se refiere.
Más familias cubiertas pero con menos elección
Millones de familias obtendrán un derecho a seguro médico bajo los mandatos sobre particulares y empresas que dicta la PPACA . La creación de una nueva exención de impuestos por asequibilidad facilitará la compra de seguros de salud a los ciudadanos de ingresos medios.’‘Pero los nuevos créditos van atados a un aumento de la regulación de los planes médicos privados. Además, las familias no han ganado nada con la PPACA que les permita comprar planes mejores o más baratos en otros estados distintos al suyo [2]. La nueva ley tampoco hace nada por incrementar la variedad de seguros disponibles en el mercado que podrían incluir opciones pensadas para las familias como planes gestionados por asociaciones profesionales, sindicatos o grupos religiosos. Las familias tampoco podrán comprar seguros que excluyan la cobertura de servicios a los que objeten por razones éticas o que no necesiten.
Menoscabando el papel de los padres
La PPACA amplía varios modos de financiación que menoscaban la responsabilidad y autoridad paterna para dirigir la crianza de los hijos. La ley baña en dinero federal programas como los centros de salud en las escuelas y un nuevo programa ”Educación de Responsabilidad Personal” (PRE) [3], que deniega a los padres conocimiento sobre servicios muy delicados que sus hijos reciben de projectos financiados federalmente.
En primer lugar, la PPACA crea una nueva línea presupuestaria de $50 millones anuales para centros de salud en las escuelas, muchos de los cuales ofrecen o bien anticonceptivos en sus sedes o bien los remiten a otros centros para recibir los anticonceptivos e incluso para practicarles abortos. La ley dice que las clínicas receptoras deben cumplir con “el consentimiento paterno y las leyes de notificación que no sean contrarias a la ley federal” [4]. Sin embargo, las leyes federales sobre Medicaid y el Título X de la Ley del Servicio de Salud Pública estipulan que la confidencialidad de los adolescentes cuando acceden a estos servicios debe respetarse, anulando las normas estatales o locales sobre notificación o consentimiento de los padres [5].
Y segundo, el nuevo programa PRE provee $75 millones anuales para becas que ayuden a los estados a reducir embarazos y nacimientos en adolescentes. Al contrario que la reforma de la asistencia social de 1996, sin embargo, el nuevo programa no da incentivos a los estados para conseguir estos objetivos sin incrementar sus tasas de abortos.
Penalizando el matrimonio
Otra característica perturbadora de la PPACA es el hecho de que impone —en un amplio especto de ingresos y edades— penalizaciones financieras de importancia sobre la decisión de casarse.
La penalización al matrimonio impuesta por ley podría exceder los $10,000 anuales para ciertas parejas [6]. Esto es así porque la exención parcial de impuestos por asequibilidad se anula rápidamente según aumentan los ingresos familiares.
Esta penalización del matrimonio que introducen los cambios en los seguros no sólo disuade de casarse a las jóvenes parejas de bajos ingresos —cuando es una de las más beneficiosas decisiones en la vida que pueden tomar para ellos y sus hijos — sino que también promueve que las parejas más mayores, algunas de las más castigadas por esta ley, obtengan un “divorcio de conveniencia”.
Por ejemplo, una pareja de 60 años con unos ingresos de $15,000 anuales y que compren su seguro en el mercado para particulares ganarían $4,212 en ahorro de impuestos si se divorciasen “falsamente” y comprasen su seguro por separado. Una pareja similar, cada uno de ellos ingresando $30,000 anuales conseguirían $10,425 en ahorro de impuestos si se divorciasen y cohabitasen en vez de seguir casados.
Minando la libertad de conciencia
Según avanzaba la reforma del sistema de salud, fuertes mayorías de americanos apoyaban la protección de los derechos de conciencia de los profesionales y aseguradores de la salud, así como limitar el uso del dinero de los impuestos para abortos. En marzo de 2009, el 87% de los que contestaron una encuesta nacional apoyaban garantizar “que los profesionales de la salud en América no sean forzados a participar en procedimientos y prácticas para las que tengan objeciones morales” [7]. Una encuesta Quinnipiac de enero de 2010 nos dice que el 67% de los americanos se oponen a la financiación pública del aborto [8].
Protecciones de conciencia. La PPACA deja claro que a ningún plan calificado de salud se le puede obligadar a cubrir el aborto como una prestación “esencial”. También garantiza que ningún plan de salud que participe en los sistemas especializados de seguro médico estatales debe discriminar contra unas instalaciones médicas o proveedores por su falta de voluntad de “proveer, pagar, dar cobertura o remitir a sitios que practiquen abortos” [9].
La ley, sin embargo, no impide a los gobiernos federal y estatal que practiquen esa misma discriminación. El esfuerzo por añadir una enmienda así al proyecto de ley fracasó en un comité del Senado en septiembre de 2009. Aunque hay partidas presupuestarias adicionales para este efecto en la financiación anual del Departamento de Salud y Servicios Humanos, carecen de fuerza legal permanente y el presidente Obama ha suspendido los reglamentos que las implementan en marzo de 2009 como paso hacia su probable rescisión.
Financiación del aborto. Actualmente, todo plan en el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales no puede, por ley, incluir coberura para abortos optativos. Bajo la PPACA, los planes que incluyan abortos optativos puede participar en los sistemas especializados de seguro médico estatales, siempre y cuando exijan a cada suscriptor que pague una prima aparte de no menos de $12 anualmente para tener cobertura a abortos optativos [10].
La orden ejecutiva. El 24 de marzo de 2010, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que intenta aplicar protecciones de conciencia y limitaciones de financiación del aborto al texto de la PPACA. Al margen de la intención del decreto, las resoluciones judiciales de los pasados 35 años dejan claro que la financiación pública de los abortos optativos en los programas federales no se puede bloquear sin el tipo de prohibición activa que el Congreso no incluyó en muchas partes de la PPACA [11].
Motivos para la decepción
Los defensores de los valores familiares en la reforma de salud tienen razones para sentirse profundamente decepcionados por el impacto general de la PPACA. Será el nuevo Congreso el que se encargue de la aprobación de legislación que incremente el control de los padres y la posibilidad de elección de seguros médicos, que evite la penalización al matrimonio, que garantice la protección de conciencia y que limite el apoyo del contribuyente a controvertidas prácticas como el aborto.
Chuck Donovan es experto del Centro Richard and Helen DeVos para la Religión y la Sociedad Civil de la Fundación Heritage.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org
Referencias
[1] La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, Ley Pública 111-148.
[2] Véase Robert Moffit, “The Health Care Choice Act: Eliminating Barriers to Personal Freedom and Market Competition”, Fundación Heritage, WebMemo No. 1164, 17 de julio de 2006, en http://www.heritage.org/Research/Reports/2006/07/The-Health-Care-Choice-Act-Eliminating-Barriers-to-Personal-Freedom-and-Market-Competition.
[3] Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, p. 229.
[4] Ibid., p. 430.
[5] “Parental Consent and Notice for Contraceptives Threatens (sic) Teen Health and Constitutional Rights”, Centro por los Derechos Reproductivos, 1 de noviembre de 2006, en http://reproductiverights.org/en/document/parental-consent-and-notice-for-contraceptives-threatens-teen-health-and-constitutional-rig (12 abril 2010).
[6] Robert Rector, “The New Federal Wedding Tax: How Obamacare Would Dramatically Penalize Marriage”, Fundación Heritage, WebMemo No. 2767, 20 de enero de 2010, en http://www.heritage.org/Research/Reports/2010/01/The-New-Federal-Wedding-Tax-How-Obamacare-Would-Dramatically-Penalize-Marriage.
[7] Agencia Católica de Noticias, “Most Americans Oppose Revoking Conscience Protection Rule for Medical Workers”, 9 de abril de 2009, en http://www.catholicnewsagency.com/news/most_americans_oppose_revoking_conscience_protection_rule_for_medical_workers/ (8 abril 2010).
[8] Universidad Quinnipiac, “U.S. Voters Say Sacrifice Modesty, Rights for Security, Quinnipiac University National Poll Finds; Support for Health Reform at 34 Percent”, 14 de enero de 2010 en http://www.quinnipiac.edu/x1295.xml?ReleaseID=1413 (8 abril 2010).
[9] William L. Saunders, “Comparison of Conscience Provisions in Health Care Reform Bill”, Sociedad Federalista para Estudios Legales y de Política Pública, 18 de marzo de 2010, en http://www.fed-soc.org/publications/pubid.1801/pub_detail.asp (8 abril 2010).
[10] Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, p. 53.
[11] Wall Street Journal, “GOP: Abortion Deal Won’t Trump the Law”, 21 de marzo de 2010, en http://blogs.wsj.com/washwire/2010/03/21/gop-abortion-deal-wont-trump-the-law/tab/article/( 8 abril 2010).
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