December 15, 2017

OTRO TRATADO OTRO INTENTO DE ACAPARAR PODER DE LA ONU

Los tratados internacionales parecen una buena idea, especialmente cuando afirman proteger a las personas vulnerables. El problema es que Estados Unidos ya hace más que cualquier otro país por garantizar la igualdad de derechos de su pueblo y la ONU sólo quiere tener el poder de interferir en la legislación americana.

El Senado está debatiendo ahora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). El presidente Obama firmó este tratado en 2009, pero el Senado tiene todavía que mostrar su conformidad. Se necesita una mayoría de dos tercios de senadores para ratificarlo. En septiembre, 36 senadores republicanos firmaron una carta exponiendo que se opondrían a cualquier tratado que se llevase a votación durante el período de sesiones del Congreso saliente. Ahora veremos si se cumple esa promesa.

Steven Groves, investigador titular asociado de la división Bernard y Barbara Lomas de la Fundación Heritage, ha explicado que a pesar de su nombre, el tratado no ayudará a los americanos con discapacidades:

Los derechos de los americanos con discapacidades están bien protegidos con la legislación actual y se hacen valer por medio de una amplia variedad de agencias estatales y federales. Unirse a la CRPD simplemente abre la puerta a que “expertos” extranjeros interfieran en el proceso legislador de Estados Unidos en violación de los principios de la soberanía de Estados Unidos.

Para empezar porque el tratado ni siquiera define las discapacidades, sino que expresa que “discapacidad es un concepto en evolución”. En realidad, esto es coherente con la naturaleza de los tratados de la ONU, que a menudo extienden el alcance de la organización más allá del concepto original del tratado. Groves explica que:

Los comités del tratado de derechos humanos son conocidos por plantear exigencias que quedan fuera del alcance del objeto del tratado y que entran en conflicto con las tradiciones y norma legales, sociales, económicas y culturales de los estados. Este ha sido el caso, especialmente, de Estados Unidos.

Por ejemplo, el comité de la ONU que se supone que tiene que hacer recomendaciones sobre discriminación racial intentó dictar a Estados Unidos cómo debería tratar a los combatientes enemigos retenidos en la base de la Bahía de Guantánamo e indicó que Estados Unidos debería acabar con la pena de muerte. Y el comité que supervisa la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) aboga regularmente por que Estados Unidos despenalice la prostitución.

El tratado sobre discapacidades podría abrir la puerta a que los defensores del aborto “presionen a Estados Unidos para que liberalice sus leyes nacionales sobre el aborto o sus normativas que rigen la ayuda exterior para planificación familiar”, comenta la analista de la Fundación Heritage Grace Melton. Los responsables de la ONU ya han apuntado a algunas cláusulas del tratado como beneficiosas para extender el aborto.

Como si todo esto no fuera suficiente, los tratados de la ONU siempre apuntan directamente a las carteras de los americanos. Y este no iba a ser diferente, aunque el costo de su cumplimiento aún se desconoce. El tratado no sólo no define a quién se consideraría discapacitado, sino que también añade derechos a beneficios a quienquiera que pueda serlo. Además de dar cobertura a derechos civiles tradicionales, el tratado intenta garantizar:

Ciertos “derechos positivos”, económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la educación, a la atención médica y a “un adecuado nivel de vida para las personas con discapacidad y sus familias, incluido una alimentación, una vestimenta y una vivienda adecuadas y la mejora continua de sus condiciones de vida”.

Como suele suceder, en este campo Estados Unidos ya constituye un ejemplo para el resto del mundo. Este país tiene múltiples e importantes leyes federales que protegen a los americanos con discapacidades, garantizando tanto su acceso a los servicios como sus derechos, además de todos los derechos de los que disfrutan los americanos gracias a la Carta de Derechos. Ningún otro país puede ni siquiera competir con las salvaguardias que están en vigor en Estados Unidos.

Invitar a que Naciones Unidas y otros grupos internacionales tengan autoridad sobre el tratamiento que Estados Unidos da a sus ciudadanos no ayudaría a las personas con discapacidad y tendría muchas consecuencias perjudiciales (y costosas).